Se busca garantizar que los recursos y activos del Estado se utilicen de manera honesta, clara y con efectividad en todo el país
El Poder Ejecutivo anunció el sábado la aprobación de la Ley 31876, la cual tiene como objetivo establecer recursos para supervisar la ejecución de proyectos de construcción a nivel nacional a través de administración directa, con el fin de garantizar que se lleven a cabo con la máxima calidad, eficiencia de costos y cumplimiento de plazos.
El dispositivo, que recibió la aprobación del Congreso la semana pasada, tiene como objetivo garantizar la gestión ética, transparente y óptima de los recursos y activos del Estado en todo el país. Esto facilita el logro de los objetivos de las instituciones y el cumplimiento de los propósitos públicos establecidos para los proyectos de obra pública.
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Las organizaciones que realizan proyectos públicos por medios propios, sin importar la fuente de fondos que empleen, están consideradas dentro del ámbito de esta ley bajo el término genérico de «Entidad». Estas organizaciones deben estar sujetas a las regulaciones establecidas en el Decreto Legislativo 1440, que abarca el Sistema Nacional de Presupuesto Público, y el Decreto Legislativo 1439, que se refiere al Sistema Nacional de Abastecimiento.
En adelante, la ejecución de las obras por administración directa, adicionalmente a los principios que rigen el derecho público, administrativo y financiero, en lo que resulte aplicable, se rige por los principios de moralidad, eficiencia, transparencia y economía.
Dentro de la realización de una obra a través de la gestión directa, queda expresamente prohibida la compra de maquinaria y equipos utilizando los fondos asignados para el proyecto, sin importar la forma en que se realice dicha adquisición.
El Sistema Nacional de Control supervisa de manera simultánea la implementación de proyectos de infraestructura gestionados directamente, dando preferencia al uso de tecnología para la supervisión, de acuerdo con las regulaciones establecidas por la Contraloría.
