Se intervinieron plantas procesadoras en Nasca y Lucanas que operaban sin autorización ni inscripción en registros oficiales.
Como parte de su lucha contra la minería ilegal, la SUNAT realizó su cuarto megaoperativo de 2025 en la ciudad de Ica. Esta vez, las intervenciones se concentraron en las provincias de Nasca y Lucanas (Ayacucho), zonas ya visitadas en operativos anteriores por sus antecedentes en actividades mineras informales.
Más de 40 fiscalizadores de la SUNAT, especializados en el control de insumos químicos, tributos internos y Aduanas de Lima e Ica, participaron en el despliegue. Su objetivo fue supervisar 15 plantas procesadoras de minerales, donde se verificó el cumplimiento de la normativa tributaria y minera vigente.
Durante el operativo, las autoridades detectaron que seis de estas plantas no contaban con registro en el RUC ni estaban autorizadas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Además, se constató la tenencia de explosivos sin permisos correspondientes, lo que representa un grave riesgo para la seguridad.
Como resultado de la intervención, se incautaron más de 377 toneladas de minerales polimetálicos y cobre que eran procesados de manera ilegal. También se inmovilizaron 61,5 toneladas de óxido de calcio, un insumo fiscalizado utilizado en la obtención de oro, que no cumplía con las condiciones exigidas por la normativa actual.
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El operativo contó con la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Minem. Estas entidades brindaron soporte legal y técnico durante las acciones de fiscalización.
Adicionalmente, se ejecutaron interdicciones en infraestructura y equipos vinculados a la actividad minera ilegal. Se desmantelaron 4 plantas de beneficio, 10 socavones, 10 molinos, además de maquinaria como generadores eléctricos, rotomartillos, motores diésel, motobombas y tanques de aire comprimido. También se inutilizaron 10 pozas de cianuración y otras 10 de decantación, empleadas en el tratamiento químico del mineral.
Este nuevo operativo reafirma el compromiso de la SUNAT en la lucha contra la minería ilegal. Esta actividad causa graves daños ambientales y evade impuestos, lo que perjudica el desarrollo económico formal del país.
