El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó auto de enjuiciamiento contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, 20 personas naturales y 10 personas jurídicas, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros, en agravio del Estado.
El caso está referido a una serie de hechos vinculados al presunto financiamiento ilícito de las empresas transnacionales Odebrecht y OAS a las campañas de revocatoria en el 2013 y la reelección municipal del 2014.
Entre las personas naturales están José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Del Mastro, Cecilia Lévano, Guillermo Loli, entre otras.
Mientras que, entre las jurídicas: Lamsac, OAS, Odebrecht, rutas de Lima, JW Thompson, entre otras.
El juez Jorge Chávez Tamariz dispuso remitir la causa al juzgado penal colegiado nacional, con la acusación y anexos dentro del plazo de ley, a fin de que se decida aleatoriamente, cuál de los cuatro juzgados penales colegiados se encargará del juicio oral.
Según la hipótesis fiscal, Susana Villarán habría recibido aportes ilícitos de las constructoras Odebrecht, a través de la concesionaria Rutas de Lima, y OAS por un total de US$ 11.2 millones, a cambio de beneficios en los contratos que ambas empresas tenían con la municipalidad.
El Ministerio Público de Perú solicitó una pena de 29 años de cárcel contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán (2011-2014) por presuntamente haber recibido millonarios aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS «para continuar al mando del municipio».
La acusación contra Villarán por los delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genética y falsa declaración en procedimiento administrativo.
A inicios del mes de agosto del presente año, el juez Jorge Chávez Tamariz comunicó la ausencia de Villarán en la ejecución de su firma biométrica.
Debido a ello, se le imputó la acusación de «peligro de fuga». En respuesta a su ausencia, la defensora legal de la exalcaldesa subrayó que los motivos del incumpliendo se debieron a compromisos legales de su patrocinada.
