Fue presentada por el congresista Eduardo Salhuana
El congresista Eduardo Salhuana, a través de la bancada Alianza Para el Progreso (APP), propuso un proyecto de ley destinado a establecer un registro de individuos perjudicados por derrames de hidrocarburos.
La iniciativa busca instaurar un marco normativo que regule la creación y administración de este registro, con el fin de identificar a las personas afectadas, garantizar la responsabilidad de la entidad causante y proteger los derechos de las víctimas.
De igual manera, se establece que la responsabilidad del Registro de Individuos Impactados por el Derrame de Hidrocarburos recaerá en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la cual estará encargada de identificar, evaluar y registrar a todas las personas perjudicadas.
El proyecto de ley indica que el procedimiento para inscribirse en el registro será determinado por la PCM en colaboración con el Grupo de Trabajo designado mediante la Resolución 017-2023-PCM/SGSD. Este grupo tiene como objetivo abordar la situación de aquellos afectados por el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022 en la Refinería La Pampilla, perteneciente a la empresa Repsol.
De igual manera, se establece que la responsabilidad del Registro de Individuos Impactados por el Derrame de Hidrocarburos recaerá en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la cual estará encargada de identificar, evaluar y registrar a todas las personas perjudicadas.
Asimismo, indica que el procedimiento para inscribirse en el registro será determinado por la PCM en colaboración con el Grupo de Trabajo designado mediante la Resolución 017-2023-PCM/SGSD.
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En esta perspectiva, se señala que el proceso mencionado debe contemplar pautas transparentes y equitativas para evaluar la idoneidad y el alcance del perjuicio experimentado por las personas afectadas.
Finalmente, se agrega una cláusula adicional definitiva que establece que, en un lapso que no exceda los 90 días calendario, el Ejecutivo será responsable de llevar a cabo la puesta en marcha y la normativa del registro.
Esto implica la elaboración de protocolos para la inclusión en el registro, la gestión del proceso de compensación, así como la implementación de mecanismos de supervisión y control.
