Los recientes ataques en Pataz, La Libertad, donde venezolanos armados con fusiles siembran el terror en un territorio estratégico para el país, son una señal de alarma que no podemos ignorar. Esta región, famosa por su riqueza minera, se ha convertido en una tierra de nadie donde mafias transnacionales dictan las reglas, mientras el Estado permanece inerte. La tragedia de los trabajadores asesinados y las familias sufriendo en las comunidades es el reflejo de un sistema incapaz de garantizar seguridad y bienestar.

La minería ilegal ha dejado de ser un problema «informal» para consolidarse como un crimen organizado que opera con total impunidad. Extorsionan empresas formales como Minera Poderosa, destruyen infraestructura clave, como torres eléctricas, y utilizan territorios como fortines, todo ante los ojos de un Estado ausente. Otros países ya han reconocido estas estructuras como grupos terroristas, pero en el Perú seguimos negándonos a enfrentar esta amenaza frontalmente.

El problema ha superado con creces las medidas simbólicas, como los estados de emergencia y patrullajes ineficaces, que no atacan el núcleo de la crisis. Ni Dina Boluarte desde el Ejecutivo ni César Acuña desde el gobierno regional han demostrado un compromiso claro con soluciones. Más aún, las comunidades, como Llacubamba, cerca de Marsa, se están organizando por su cuenta. ¿Qué mensaje da un país que abandona a sus ciudadanos a merced de mafias armadas?

El Gobierno tiene en sus manos el poder de actuar con firmeza. Se necesita una estrategia integral que incluya, sin demora, la inteligencia militar y policial, así como alianzas estratégicas con líderes locales y organizaciones sociales. La intervención no es solo cuestión de enviar más uniformados; el Estado debe recuperar soberanía en su propio territorio y construir un camino sostenible.

Desde Grupo Diálogo Consultores sabemos por experiencia directa en el campo que la combinación de diálogo y seguridad es la única forma de frenar esta ola de violencia. Hemos mapeado la zona y trabajado con las distintas comunidades, insertándonos en sus dinámicas sociales y entendiendo las complejidades culturales únicas de cada localidad. Esta experiencia nos ha demostrado que el desarrollo sostenible, la inversión social responsable y el compromiso activo de las empresas pueden integrar a las comunidades en un progreso compartido. Sin embargo, para que esto suceda, el Estado debe dar garantías reales.

Pataz es un espejo de lo que puede suceder con otras regiones del país si el gobierno no actúa ahora. Los inversionistas no apostarán por un Perú donde mafias armadas tienen libertad para extorsionar y decidir el futuro económico. Ya vivimos algo parecido en los años más oscuros de nuestra historia, y hoy enfrentamos una amenaza similar.

El Perú no puede permitir que su riqueza mineral sea secuestrada por extranjeros con armas mientras sus instituciones se hunden en la parálisis. No actuar será un error que pagaremos caro, y en ese escenario, la factura será más que el oro perdido, será el futuro mismo.

(*) Experto Resolución de Conflictos y Ceo de Grupo de Diálogo Consultores