La presidenta, a pesar de haber manifestado su disposición a colaborar con la Fiscalía, se dirigió al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional con el fin de detener las investigaciones en su contra.
El Poder Judicial ha desestimado la solicitud de la presidenta de la República, Dina Boluarte, para archivar la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, en el contexto del caso conocido como «Rolex». El tribunal rechazó los argumentos de su defensa legal sobre un supuesto vencimiento del control de plazos, y se ha determinado que Boluarte continuará siendo objeto de investigación preliminar.
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El documento emitido por el Poder Judicial establece que se declara infundada la solicitud presentada por la defensa de la presidenta Boluarte en relación con la investigación preliminar por enriquecimiento ilícito y otros delitos en agravio del Estado. Este caso se refiere a diligencias iniciadas contra la mandataria cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social y posteriormente como presidenta, por un período de 60 días, en calidad de presunta autora de dichos delitos.
La defensa de la mandataria Dina Boluarte ha anunciado que apelará esta decisión ante la Sala Penal Permanente, que preside César San Martín. Cabe recordar que este caso dio lugar a la primera denuncia constitucional contra la presidenta, presentada el 27 de mayo de este año por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien la acusó de cohecho pasivo impropio debido a la posesión de relojes de lujo y joyas no declaradas. Esta denuncia aún está pendiente en la Comisión Permanente del Congreso.
En julio, Villena presentó una segunda denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte y seis exministros por homicidio calificado y lesiones graves, relacionadas con las muertes ocurridas durante las protestas a finales de 2022 y principios de 2023. Esta denuncia tampoco ha sido calificada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Además, según información del semanario ‘Hildebrandt en sus trece’, Villena podría presentar una nueva denuncia en la que la presidenta sería acusada de obstrucción a la justicia e instigadora de encubrimiento personal, en relación con la desactivación de un equipo especial de la Policía que colaboraba con la Fiscalía contra la corrupción.
