El Pacto de San José obliga a los países signatarios, incluido el Perú, a proteger y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y libertades
Los recientes aumentos de criminalidad y violencia, recientemente con las extorsiones hacia los transportistas, ha llevado a un cuestionamiento de lo que debería hacer el Poder Judicial ante esta situación. Una de las principales soluciones populares que se presentó es la pena de muerte para los que incurran en delitos.
El Pacto de San José, un tratado internacional sobre derechos humanos firmado en 1969, impone restricciones claras sobre la aplicación de la pena de muerte, limitando su uso a delitos que ya estuvieran contemplados en la legislación nacional antes de la firma del acuerdo.
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Un estudio dirigido por el expresidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, explica que la única excepción permitida por el marco legal peruano para la aplicación de la pena de muerte es el delito de traición a la patria en tiempos de guerra, lo cual está contemplado en la Constitución Política del Perú. Este tipo de sanción no puede extenderse a crímenes como el asesinato o la violación debido a los compromisos internacionales asumidos.
El artículo 4 de la Convención prohíbe la extensión de la pena capital a delitos que no estuvieran previamente definidos bajo dicha sanción en la legislación interna antes de la firma del tratado. Así, aunque la pena de muerte puede ser aplicada en casos de traición a la patria, no es viable para otros delitos, como los mencionados, ya que no estaban sujetos a esta sanción en el marco legal vigente en el momento de la firma del tratado.
