La minería, que constituye la principal fuente de ingresos para el país, se convierte en el epicentro de las protestas

A un año de los violentos disturbios del 9 de enero, diferentes grupos sindicales han estado planificando protestas a nivel nacional en diversas zonas. El propósito es expresar su descontento respecto a la situación actual de la industria minera en el Perú.

La Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), respaldada por el Movadef, de orientación senderista, y otras organizaciones centrales como la CGTP, el gremio de construcción civil, los maestros y los ronderos, lidera esta iniciativa.

El ministro del Interior, Víctor Torres, informó sobre la implementación de medidas urgentes destinadas a asegurar una distribución eficiente del personal en las áreas conflictivas. Subrayó la necesidad imperante de incrementar la presencia de agentes de policía en las comisarías, así como de líderes con la máxima idoneidad para desempeñar este servicio.

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Las organizaciones vinculadas a estas protestas se encuentran concentradas principalmente en la CNUL y la CGTP. Se ha dado a conocer que en las reuniones participan líderes de movimientos como el Movadef, la CGTP y representantes del magisterio. Cabe destacar que las regiones más activas en estas movilizaciones son Puno y Ayacucho.

En las dos regiones previamente mencionadas, junto con Apurímac y Moquegua, se registra la mayor actividad minera. En líneas generales, la región del sur ha sido objeto de ataques por parte de grupos que intentan obstaculizar la producción para promover ideologías no alineadas con nuestro progreso.

Adicionalmente a su contribución del 14% al Producto Bruto Interno (PBI), la minería formal genera empleo tanto directo como indirecto, desempeñando un papel significativo en la recaudación fiscal.