Cancillería reafirma apoyo a la independencia judicial y lucha contra la impunidad.
Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó las sanciones de EE.UU. a cuatro juezas de la Corte Penal Internacional, incluida Luz Ibáñez. La Cancillería peruana emitió un comunicado oficial expresando su preocupación por estas medidas que, según destacó, afectan a magistradas designadas para cumplir sus funciones con autonomía e imparcialidad.
En el pronunciamiento, la cartera liderada por Elmer Schialer reafirmó el compromiso del Perú con la independencia de los organismos judiciales internacionales, haciendo un llamado a respetar el Estado de derecho y a no permitir presiones que puedan interferir en el trabajo de la CPI. La Cancillería recalcó que nuestro país mantiene un estricto respeto por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y las normas que regulan el derecho internacional.
Además, el comunicado destacó el respaldo permanente que Perú ha brindado a la Corte Penal Internacional a través de su participación activa en diferentes iniciativas que apoyan la labor de esta institución en la protección del orden jurídico internacional y la lucha contra la impunidad. Esta postura se mantiene firme a pesar de las recientes sanciones que buscan limitar la actuación de algunas magistradas.
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La controversia surgió luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunciara sanciones dirigidas a cuatro juezas de la CPI. Estas medidas responden a las investigaciones abiertas por la Corte sobre presuntas acciones cometidas por Estados Unidos en Afganistán y por Israel en la guerra de Gaza. Entre las sancionadas, además de la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, están Solomy Balungi Bossa de Uganda, Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou de Benín y Beti Hohler de Eslovenia.
Las sanciones implican que estas magistradas tienen prohibido ingresar a territorio estadounidense y que se congelarán todos sus activos financieros y bienes ubicados en Estados Unidos. Esta acción ha generado una respuesta firme por parte de países como Perú, que defienden la autonomía de la CPI y su papel crucial en la justicia internacional.
