La norma fija los 70 años como edad máxima para laborar en el estado y regula permisos sin goce y beneficios por cese.
Desde enero de 2025 está en vigencia la Ley N.º 32199, que modifica aspectos clave de las condiciones laborales en el sector público peruano. Específicamente aquellos que se encuentran bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276. La norma fue publicada en diciembre del 2024 y establece nuevas reglas respecto a la edad de retiro, las licencias sin goce de haber y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
Uno de los principales cambios está relacionado con la edad máxima para continuar laborando en el Estado. De acuerdo con la ley, los servidores públicos deberán cesar sus funciones al cierre del año calendario en el que cumplan 70 años. Esta medida se aplicará de forma obligatoria y uniforme en todas las instituciones públicas, con el objetivo de eliminar la diversidad de criterios que existían anteriormente. Antes de esta disposición, cada entidad podía fijar sus propias condiciones de retiro, lo que generaba inequidades y desorden en la administración del personal estatal.
La ley también establece límites para las licencias sin goce de haber. A partir de ahora, los trabajadores podrán solicitar este tipo de permiso por un plazo total de hasta tres años dentro de un período de cinco años. Este tiempo podrá ser continuo o dividido, pero no deberá superar el máximo establecido. La regulación busca asegurar una mejor planificación del recurso humano en el sector público.
Lee también:
Congreso archiva denuncia constitucional y salva a Dina Boluarte
Otro aspecto importante es la modificación del cálculo de la CTS. Con la nueva ley, los servidores que cesen en su cargo recibirán una compensación equivalente al 100% de su sueldo mensual por cada año completo de servicios o por periodos que superen los seis meses. Esta medida busca estandarizar los beneficios laborales y ofrecer mayor claridad en el proceso de compensación al momento del retiro.
La aplicación de estas nuevas disposiciones es obligatoria en todas las entidades del Estado con personal bajo el régimen 276. Las oficinas de recursos humanos deberán implementar los cambios administrativos necesarios para cumplir con lo establecido por la ley.
Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca ordenar la gestión del personal en el aparato estatal, garantizar reglas más equitativas para todos los trabajadores públicos y mejorar la eficiencia del sistema laboral en el Estado.
