Las nuevas sanciones incluyen multas más altas, suspensión de licencias y control con tecnología como GPS y cinemómetros.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) propone reformas al Reglamento de Tránsito para mejorar la seguridad vial. El proyecto, publicado el 9 de junio, estará disponible para comentarios del público por 15 días calendario.
Entre los principales cambios figuran la modificación de cinco artículos, la creación de seis nuevas infracciones (M47, M48, M49, M50, G75 y G76), la actualización de tres ya existentes (M18, M24 y G46), y la eliminación de ocho disposiciones. El artículo 57, por ejemplo, ampliará la autoridad de control a otros actores además de la Policía, como personal encargado de carreteras. Además, el artículo 90 introduce sanciones por no respetar señales de altura máxima.
Se plantea también un ajuste en los márgenes de tolerancia en controles de velocidad, diferenciando según la tecnología utilizada, como cinemómetros o GPS. Esto responde al hecho de que entre 2018 y 2024, el exceso de velocidad causó uno de cada cuatro accidentes de tránsito.
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Entre las nuevas infracciones destaca la M48, que sanciona la modificación técnica de vehículos, como el cambio de tanques de combustible, en un esfuerzo por combatir el contrabando de gasolina desde países vecinos. Otras, como la M49 y M50, penalizan con fuerza a quienes excedan la altura permitida y provoquen daños en la infraestructura, con multas de hasta una UIT y suspensión de la licencia.
En paralelo, se actualizará la infracción M24, que ahora también multará la ausencia de componentes obligatorios en las placas. La infracción M18 refuerza la autoridad de los policías sobre semáforos, y la G46 simplifica la norma sobre estacionamiento en zonas prohibidas.
Según datos oficiales, más de 4 millones de infracciones se registraron entre 2018 y 2023, y solo en 2023 ocurrieron más de 1,800 accidentes fatales. El 66% de los siniestros tuvo como causa el error humano, como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o el desacato a señales.
Estas medidas, que entrarán en vigencia 90 días después de su publicación, buscan frenar esta tendencia y actualizar el marco normativo para una fiscalización más eficaz y moderna.
