Aprueban ley que acaba con persecución política a uniformados
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que concede amnistiar a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
El grupo de trabajo que preside el parlamentario Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) abordó la iniciativa legislativa, la cual deberá ser sometida a debate en el Pleno a fin de ser ratificada o archivada.
En ese sentido, el titular de la comisión aseveró que la propuesta no es sinónimo de impunidad. Por el contrario, mencionó que responde a una necesidad «histórica, justa y humanitaria» en favor de los militares, policías y miembros de los comités de autodefensa.
Rospigliosi consideró que esta iniciativa busca restituir la libertad y la tranquilidad a quienes “derrotaron al terrorismo y evitaron que el país se convierta en otra Cuba”.
Rospigliosi afirmó que los militares y policías han sido víctimas de una “persecución implacable” por parte de lo que denominó una “mafia caviar” enquistada en el sistema de justicia.
Rechazó que estos procesos sean considerados justicia, y los calificó más bien como actos de venganza promovidos por sectores vinculados al terrorismo.
Durante el debate, fueron aprobadas las respectivas aplicaciones del proyecto de ley. En ese sentido, será en favor de «los miembros de las FF. AA., PNP y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en los años 1980 y 2000».
Asimismo, hacia los miembros de «las FF. AA., PNP, adultos mayores e integrantes del comité de autodefensa que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada y/o en trámite de ejecución».
Del mismo modo, no se aplica la amnistía «para quienes se encuentran denunciados, imputados o condenados por terrorismo o por delito de corrupción de funcionarios, los que deben ser objetivo de los procesos penales correspondientes».
