El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, respondió a la denuncia constitucional presentada por la congresista Ruth Luque.
Lo acusa de presuntas irregularidades en las observaciones del Ejecutivo a la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.
“Me parece inverosímil, la verdad”, señaló Adrianzén al referirse a la denuncia que también involucra a la presidenta Dina Boluarte y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
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En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Adrianzén defendió el accionar del Ejecutivo: “El cumplimiento de funciones dentro de los plazos establecidos por la ley no genera ningún tipo de responsabilidad administrativa, funcional, ni mucho menos una infracción constitucional”.
El premier subrayó que las decisiones del Consejo de Ministros se enmarcan en la Constitución y las leyes vigentes: “Estoy seguro de que esta denuncia será archivada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”.
Observaciones del Ejecutivo bajo cuestionamiento
Según el documento presentado por Ruth Luque ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la congresista considera que la observación del Ejecutivo a la ley limita de manera significativa las herramientas legales disponibles para fiscales y jueces en casos de no flagrancia.
Luque argumentó que esta decisión impide la detención de sospechosos pese a la existencia de indicios razonables de su implicación en delitos graves o riesgos evidentes de fuga y obstrucción a la justicia.
En su escrito, la legisladora manifestó: “El hecho de que la presidenta y el premier hayan observado esta autógrafa evidencia que este Gobierno está otorgando ventajas a personas que delinquen, debilitando la lucha contra la delincuencia”.
Críticas desde el Congreso
Ruth Luque, miembro del Bloque Democrático Popular, también se pronunció en su cuenta de X, donde señaló: “La no restitución de la detención preliminar favorece a quienes delinquen y afecta la lucha contra la criminalidad. El deber de la Presidencia es garantizar la seguridad y servir a la nación”.
La parlamentaria enfatizó que, pese a los elementos que justifican la medida, como indicios suficientes y riesgo procesal, la negativa del Ejecutivo impacta directamente en los esfuerzos por combatir la delincuencia.
