El Ejecutivo justifica la solicitud debido a los efectos de la pandemia y la crisis económica en la capacidad de cumplir con la sentencia.
El Ministerio de Justicia pidió al Tribunal Constitucional una prórroga para cumplir con la sentencia de 2020 del hacinamiento carcelario. El Ejecutivo busca más tiempo para solucionar este problema, debido a factores como la pandemia y el ciclón Yakuu. El plazo original de cinco años vence este mes de mayo, pero las autoridades admiten que no se logrará cumplir con lo dispuesto dentro del tiempo establecido.
El titular del Minjusdh, Eduardo Arana, envió un oficio al TC en el que pide que se reevalúe el plazo fijado en la sentencia, declarada por el propio Tribunal como un “estado de cosas inconstitucional” debido a la grave situación que atraviesa el sistema penitenciario peruano. Según el documento, al que accedió Infobae, se propone una ampliación de 2 años y 7 meses como nuevo margen para implementar las medidas necesarias.
El argumento principal del Ejecutivo es que eventos extraordinarios como la pandemia por la COVID-19 y el fenómeno climático del Ciclón Yaku afectaron directamente la capacidad del Estado para ejecutar las inversiones proyectadas en infraestructura penitenciaria. Estos sucesos provocaron, según Arana, un redireccionamiento de los recursos económicos hacia el sector salud y atención de emergencias, lo cual impactó negativamente en el presupuesto del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del propio ministerio.
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Además de los factores sanitarios y climáticos, el documento señala que la crisis económica que se originó a raíz de estos eventos también influyó en la imposibilidad de cumplir con el mandato del TC dentro del plazo original. “La reasignación de fondos ha limitado severamente nuestra capacidad de respuesta frente al mandato constitucional”, indica el texto presentado por Arana.
Cabe recordar que la sentencia del TC del año 2020 establecía que el Estado debía implementar un conjunto de reformas para mejorar la situación en los establecimientos penitenciarios del país, incluyendo infraestructura, salud, alimentación y condiciones dignas para los internos.
