Afirma que no hay desacato en decisión de liberar a expresidente Fujimori
El Gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cancillería, puso en su lugar y respondió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) luego que el órgano supranacional afirmara que el Estado peruano desacató la resolución al indultar a Alberto Fujimori.
Mediante un comunicado, el Poder Ejecutivo rechazó «desacato» alguno por parte del Perú, ya que las sentencias en los casos Barrios Altos y La Cantuta «vienen siendo ejecutadas dentro de los parámetros internacionales». Asimismo, hizo hincapié en el «mecanismo de supervisión reforzada» que solicitó a la corte.
«No ha existido desacato alguno por parte del Estado, puesto que las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte, han sido ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte», dice el documento.
En tal sentido, el Gobierno reafirmó la adhesión del Perú a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. «El Estado peruano es plenamente respetuoso de los tratados y decisiones del sistema de promoción y protección de los derechos humanos, en el ámbito regional y universal», añadió.
Frente al pedido de la Corte IDH acerca de un informe que dé cuenta sobre la situación de Alberto Fujimori, el Poder Ejecutivo se comprometió a entregarlo en el plazo establecido, es decir, el 04 de marzo del 2024 a más tardar.
«El Estado Peruano presentará el informe de cumplimiento que se solicita en la mencionada resolución, con la argumentación de su posición, según el procedimiento y dentro del plazo señalado por la Corte IDH, que vence el 04 de marzo de 2024», mencionó.
Como se recuerda, el pasado 21 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado peruano ha incurrido en una posición de “desacato” de la resolución sobre el indulto de Alberto Fujimori tras haber otorgado su libertad al expresidente de la República.
La conclusión del mencionado organismo fue dada a conocer a través de un pronunciamiento en el que recalca que habían dispuesto que el Gobierno debía abstenerse de excarcelar al exmandatario, pese a que se tratase de un indulto por razones humanitarias.
De esta manera, el Gobierno rechazó «desacato» alguno por parte del Estado peruano, ya que las sentencias en los casos Barrios Altos y La Cantuta «vienen siendo ejecutadas dentro de los parámetros internacionales».
