El primer ministro Gustavo Adrianzén señaló recientemente que la Fiscalía «libera a delincuentes capturados por la Policía».

“Cada semana, ustedes dan cuenta de cómo señores fiscales liberan a delincuentes capturados por la Policía. Eso a mí me parece indignante. Me parece repulsivo. Yo no entiendo cómo tenemos que capturar una y otra vez a los delincuentes y los siguen liberando. […] No están colaborando en la lucha contra la inseguridad ciudadana”, dijo.

Esta situación es preocupante si se tiene en cuenta que en lo que va del año, más de 1,800 delincuentes capturados en flagrancia por la Policía Nacional del Perú (PNP) habrían sido liberados por el Ministerio Público, según informes recientes.

Esta situación ha generado una creciente preocupación en la ciudadanía y ha puesto en tela de juicio la eficacia del sistema judicial en la lucha contra la delincuencia.

Esto no es nuevo, ya que hace unos meses, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, cuestionó que, en solo seis meses, más de 8,000 presuntos delincuentes capturados en flagrancia habían sido liberados por la Fiscalía, desestimando el arduo trabajo de la PNP en operativos y enfrentamientos contra el crimen organizado.

Cabe indicar que, en enero, tres presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’ fueron detenidos en Trujillo por la PNP. Sin embargo, el fiscal Denys Rivas ordenó su liberación, argumentando que la detención se realizó sin orden judicial ni coordinación con el Ministerio Público, lo que vulnera el debido proceso.

Según el congresista Alejandro Muñante, en estos casos de ayuda de jueces y fiscales a delincuentes en flagrancia, se debe invocar la Ley 32182.

“¡Denuncien a esos malos jueces y fiscales que en lugar de administrar justicia se confabulan con los delincuentes!”, manifestó el de Renovación Popular.