La medida de 60 días, implementada en 14 distritos de Lima y Callao, busca reducir la ola de criminalidad y extorsión.
El Gobierno de Dina Boluarte ha declarado nuevamente el estado de emergencia en varios distritos de Lima y Callao, en un esfuerzo por contener el aumento de la criminalidad. Esta medida de 60 días, oficializada a través del diario El Peruano, ha sido implementada en 12 distritos de la capital, entre los que se encuentran Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas y San Juan de Lurigancho, así como en dos localidades del Callao, incluyendo Ventanilla. Según las autoridades, esta decisión responde a la alta incidencia de delitos como la extorsión y el sicariato, especialmente tras el reciente paro de transportistas que exigió mayor seguridad.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha prometido resultados concretos en este periodo, asegurando que si en los próximos 60 días no se logra una mejora significativa en la seguridad, renunciará a su cargo. Su compromiso fue anunciado tras un operativo masivo realizado en 68 penales a nivel nacional, donde se decomisaron teléfonos móviles, cargadores y otros objetos prohibidos. Esta acción busca debilitar las redes criminales que operan desde las cárceles y que están detrás de muchos de los actos delictivos en las calles.
La implementación del estado de emergencia también implica la suspensión de algunos derechos constitucionales, lo que permitirá a las fuerzas del orden actuar con mayor flexibilidad. Sin embargo, esta decisión ha sido recibida con escepticismo por ciertos sectores que temen un posible abuso de autoridad o la falta de resultados concretos.
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En el segundo día de la medida, se realizaron intervenciones en diferentes puntos de la capital y el Callao, donde se espera que la presencia policial y militar tenga un impacto inmediato. A su vez, se ha confirmado la inclusión de dos nuevos distritos en la lista de zonas bajo estado de emergencia: Santa Rosa y el Rímac, debido a su alta tasa de criminalidad.
El futuro de esta iniciativa dependerá de los resultados obtenidos en las próximas semanas, mientras la población sigue esperando una reducción tangible de la delincuencia que afecta su día a día.
