El Poder Judicial ordenó el embargo de ocho bienes muebles e inmuebles del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien está bajo investigación por un presunto caso de corrupción que data de 2014, durante su segundo mandato.
Jorge Chávez Tamariz, juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, acogió la solicitud de la Procuraduría Pública Ad Hoc y dispuso, en una primera resolución, el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre un departamento y un estacionamiento ubicados en el distrito de San Borja, valorizados en 1.1 millones de soles.
En otra resolución, el magistrado ordenó el embargo de un terreno en Cañete, un vehículo marca Subaru y cuatro bienes inmuebles adicionales bajo régimen de sociedad de gananciales. El valor total de estas últimas propiedades sujetas a embargo asciende a 3.5 millones de soles.
El magistrado dispuso que se cursen los partes correspondientes a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), al Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral IX de Lima y a la Oficina Registral de Lima y la Oficina Registral de Cañete, a fin de que se proceda a las anotaciones en la partida registral.
Además, determinó que la medida cautelar, emitida el último 23 de junio, es idónea, necesaria y proporcional, al considerarla un mecanismo eficaz para asegurar el pago de una eventual reparación civil por parte de Oscorima, quien desde octubre de 2022 se encuentra bajo comparecencia con restricciones por este caso.
Según la hipótesis fiscal, el gobernador habría concertado con funcionarios de la empresa Obrainsa para favorecerla en la licitación del proyecto Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán, tramo Condorcocha – Vilcashuamán, entre junio y julio de 2014, a cambio de un soborno.
Un colaborador eficaz confesó al Ministerio Público en 2020 que la constructora entregó esta millonaria coima, según informó Canal N en abril pasado. La declaración recogida por Fiscalía señala que Oscorima se contactó con Alejandro Tello, gerente general de la empresa ALTESA Contratistas Generales S.A., para acordar su participación en el procedimiento a cambio de un soborno del “3% del costo directo”.
Según ese mismo documento, el empresario advirtió que no cumplía con los requisitos establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, de modo que contactó al gerente general de la empresa Obrainsa, Manuel Tejeda, para que participara.
