Llegó al Ministerio Público bajo estrictas medidas de seguridad
La presidenta Dina Boluarte ha sido convocada una vez más por el Ministerio Público para brindar más información dentro de la investigación en curso relacionada con los actos ilícitos cometidos por miembros de las fuerzas militares y policiales durante el estado de emergencia declarado por el Gobierno durante las protestas sociales que tuvieron lugar en diciembre de 2022 y enero de 2023.
También fueron citados los abogados que representan a las víctimas ya la Procuraduría General del Estado (PGE). Esta última había pedido que se extendiera la investigación para poder convocar a más testigos, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas.
Dina Boluarte se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía de la Nación debido a las presuntas acusaciones de genocidio y homicidio calificado.
De acuerdo con el informe de Human Rights Watch (HRW), de las 49 muertes resultantes de la represión policial y militar durante las manifestaciones, en 39 casos se debieron a heridas de bala. Cinco personas adicionales perdieron la vida a causa de impactos de perdigones disparados con escopetas, y un manifestante falleció debido al impacto cercano de un cartucho de gas lacrimógeno.
Si te interesa puedes leer:
Alcalde de San Juan de Lurigancho busca fortalecer la seguridad con inversión adicional
Carlos Rivera Paz, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) que está brindando apoyo a las víctimas, señaló que esta reciente convocatoria a la presidenta Boluarte tiene como objetivo proporcionar detalles adicionales sobre tres incidentes que no fueron considerados durante la fase inicial de la pesquisa.
«Hablamos de los crímenes perpetrados en Cusco y Lima, y las lesiones perpetradas en Pucallpa; son hechos que no estaban inicialmente registrados», expresó el abogado.
Estos tres eventos, explicó, se incorporan en la solicitud oficial para expandir la pesquisa dirigida hacia Dina Boluarte y Alberto Otárola, junto con otros miembros del gabinete. Rivera Paz anticipó que algunos de los interrogantes formulados por el Ministerio Público estarán vinculados a estos sucesos.
Por otro lado, según resolución fiscal, el premier Alberto Otárola debe presentarse a las 2:30 p.m. en las oficinas del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.
