Advierten que suscripción afecta directamente la soberanía marítima nacional
La presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva denuncia. Esta vez, por presunta traición a la patria luego de suscribir el denominado Tratado de Alta Mar durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, realizada en Niza, Francia.
La demanda, interpuesta por el periodista Alfredo Vignolo ante la Fiscalía de la Nación involucra directamente a la mandataria en calidad de persona natural y a la Presidencia de la República en su condición institucional.
La queja presentada sostiene que la reciente suscripción del Tratado de Alta Mar implica una “afectación directa a la soberanía marítima nacional” al considerar que el acuerdo colisiona con lo estipulado en la Constitución. Específicamente el artículo 54 que reconoce la soberanía y jurisdicción exclusiva del Estado sobre las 200 millas marítimas adyacentes a la costa del país.
La denuncia también puede interpretarse como un acto que “compromete la seguridad o integridad territorial del país”, lo que encajaría en la figura legal de traición a la patria. En ese sentido, sostuvo que “cualquier tratado que implique cesión o limitación sobre el dominio marítimo resulta inconstitucional y constituye una afrenta directa contra la integridad nacional”, según declaraciones recogidas por el diario Expreso.
Sobre el tema, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería emitieron un comunicado donde advirtieron que la firma representa una pérdida de soberanía de nuestro país en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
“Este acuerdo es impulsado por las ONGs que buscan acabar con sectores productivos como la pesca en nuestro país que genera miles de empleos y es un motor de desarrollo descentralizado. Rechazamos que el Gobierno suscriba acuerdos que afecten la seguridad alimentaria, destruyan empleos formales y atenten contra la inversión privada“, escribieron.
