La Corte IDH no está de acuerdo con el dictamen del Congreso peruano que impide procesar a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos ocurridos antes de 2002
En su resolución emitida el lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado peruano que tome las acciones necesarias para evitar que se adopte, se deje sin efecto o se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.
La Corte ha dictado medidas provisionales para los deudos de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las que Alberto Fujimori fue condenado.
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El tribunal señaló que las sentencias relacionadas con estos casos hacen referencia a los delitos de lesa humanidad y solicitó que se anulen otras iniciativas de ley similares para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
¿Qué se les solicita al Estado peruano?
Además, dispuso que el Estado presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de esta resolución antes del 9 de agosto de 2024 y continúe informando cada tres meses sobre las medidas provisionales adoptadas hasta que la Corte decida que ya no son necesarias.
La resolución también exige que las representantes de las víctimas presenten sus observaciones dentro de cuatro semanas tras la notificación de los informes del Estado, y que la Comisión presente sus observaciones en un plazo de dos semanas después de recibir las observaciones de las representantes.
Tras este pronunciamiento, el Congreso rechazó «cualquier forma de intromisión nacional o extranjera». Varias organizaciones civiles, incluida la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), solicitaron medidas cautelares para que el tribunal ordene al Estado interrumpir el trámite de esta iniciativa, la cual, según Naciones Unidas, contraviene el derecho internacional.
