ONG internacional pretende poner al Parlamento de rodillas y blindar a caviares
El Pleno del Congreso votará hoy el informe elaborado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que propone la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por falta grave. Al cierre de la edición ya se contaría con los 87 votos para destituir a tres magistrados: Imelda Tumialán, Inés Tello y Aldo Vásquez, eso habría preocupado.
En atención al debido proceso, la Junta de Portavoces del Congreso definió el procedimiento a seguir respecto al debate y votación del informe final. Para tal efecto, el Pleno del Congreso se reunirá hoy a partir de las 2:00 de la tarde.
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Luego del ingreso al hemiciclo de los integrantes de la JNJ, la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Janet Rivas (PL), sustentará el informe final en mayoría, por diez minutos.
Posteriormente, vendrá el ejercicio del derecho de defensa de cada uno de los miembros de la JNJ y/o de sus abogados defensores. Luego, estos se retirarán de la sala de sesiones para dar inicio al debate parlamentario que durará dos horas, sin interrupciones ni tiempo adicional. Según el procedimiento reglamentario, si no se aprobara el informe final en mayoría, se procederá a sustentar y votar el informe en minoría.
Sin embargo, en una clara injerencia en asuntos internos del país Human Rights Watch (HRW), ONG internacional, emitió un pronunciamiento, en el cual acusa al Congreso de la República de pretender controlar a las instituciones democráticas del Perú, en clara defensa de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que son investigados de manera sumaria por la Comisión de Justicia, por falta grave.
HRW, en un comunicado, denunció que el intento de destitución forma parte de un patrón de acciones por parte de sectores del Congreso peruano para socavar la independencia de otras instituciones democráticas. Esto con clara intensión de poner de rodillas al Congreso y blindar a los miembros de la JNJ que buscan tumbarse a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que inició investigación sobre la corrupción del golpista Pedro Castillo.
Human Rights Watch señala que estas instituciones estarían en riesgo si el Congreso logra su objetivo. Resalta que “remover a sus miembros por medio de un proceso motivado por intereses políticos amenazaría los pilares del sistema democrático peruano y la protección de los derechos humanos”. Esto según Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
Esta ONG es la misma que emitió un informe acusando a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de las muertes ocasionadas en las protestas sociales, entre diciembre del 2022 a febrero de este año, de un grupo de extremistas que querían tumbar al gobierno de Dina Boluarte y apoyar al golpista Pedro Castillo. Incluso que las muertes constituirían ejecuciones extrajudiciales.
