Esta nueva norma beneficiaría a procesados sin sentencia firme por presuntos delitos cometidos entre 1980 y 2000 durante el conflicto armado interno peruano.

Adicionalmente, el documento indica que aplicarán la ley a adultos mayores sentenciados que enfrenten condiciones de salud deterioradas o situaciones económicas muy críticas hoy.

Sin embargo, excluyen a quienes hayan sido imputados o sentenciados por terrorismo o corrupción. Sus casos seguirán su curso penal según la ley vigente.

Lee también [PNP desarticula 49 bandas criminales y captura a 958 delincuentes]

Rospigliosi, por su parte, recordó que más de 1,000 agentes están atrapados en procesos judiciales.

La ley busca reparar ese «limbo jurídico» actual y sus consecuencias.

Asimismo, el congresista argumentó que la propuesta respeta el derecho al plazo razonable, consagrado en la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Finalmente, el legislador puntualizó: «La amnistía no borra la historia, pero restituye justicia a quienes entregaron su vida y hoy viven en el olvido».