Nueva orden judicial complica la situación del presentador en el caso Migraciones
Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín‘, enfrentará la Navidad y el Año Nuevo tras las rejas luego de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dictara una segunda orden de prisión preventiva en su contra por nueve meses. La medida, solicitada por el fiscal anticorrupción Keeller Cueva, responde al avance de las investigaciones del caso Migraciones, donde Hurtado es señalado por presuntas irregularidades relacionadas con la nacionalización del futbolista Roberto Siucho en 2019.
El proceso que involucra a Hurtado tomó un giro inesperado la madrugada del viernes 20 de diciembre. Aunque su defensa había solicitado una reprogramación de la audiencia inicial, el juez consideró suficiente la evidencia presentada por la Fiscalía para justificar su internamiento. La estrategia legal para conseguir su liberación antes de las fiestas se vio frustrada, pese a los esfuerzos de su abogado, Russell Robles, quien reemplazó recientemente a Elio Riera en el equipo legal del acusado.
Acusaciones y defensa
Hurtado es acusado de haber intermediado con la exjefa de Migraciones, Roxana del Águila, para agilizar trámites que facilitaron el cambio de nacionalidad de Siucho a ciudadano chino. Además, enfrenta cargos por presuntamente ofrecer un soborno de 500,000 dólares a la fiscal Elizabeth Peralta, en un intento de recuperar bienes incautados a un empresario.
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Durante la última audiencia, Robles argumentó que no existen pruebas directas que vinculen a su cliente con el presunto soborno. Por su parte, Hurtado tomó la palabra para apelar a su excarcelación, argumentando que es el único sostén económico de su hija menor. “Estoy dispuesto a cumplir con cualquier restricción que se me imponga, pero necesito trabajar para mantener a mi hija”, declaró.
El juez Juan Carlos Checkley evaluará en los próximos días la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Hurtado en el marco de otra investigación. Sin embargo, incluso si esta fuera aceptada, la nueva orden de prisión preventiva impediría su liberación.
