Por: Pablo Carranza
– ¿Cómo le ha ido a la economía peruana en estos cinco primeros meses del año?
Hemos tenido varios elementos a nuestro favor. Uno de ellos es el repunte de precios de los minerales en el mercado internacional. El cobre sigue en 4.20 dólares la libra, estamos hablando que el oro está a 3 mil la onza. Es decir, estamos viviendo una bonanza minera, como no se vivía hace 20 años atrás. La pesca también ha tenido un repunte y esto ha llevado a que el crecimiento en este primer trimestre sea de 3%. Mi expectativa es que como sigan las cosas, deberíamos estar en alrededor de un 2.5%.
¿Esto en términos prácticos para la ciudadanía en qué se traduce?
El país se ha condicionado a una tasa de crecimiento muy mediocre, a pensar que crecemos 2.5 o 3% y es una gran meta. Para tener una idea, si nosotros siguiéramos creciendo al 3%, en 25 años seguiríamos con 10 millones de pobres y demoraríamos 30 años para igualar a Chile. Entonces, la única manera de poder generar bienestar para la población, mejorar el ingreso y generar empleo, es con un crecimiento a una tasa arriba del 5%, y Perú tiene todas las condiciones para crecer arriba del 5%.
¿Qué le suscita este año preelectoral?
Yo estimo que este año debemos estar alrededor de un 2.5%. El grave problema, digamos, en el país es el populismo en la recta electoral. Se quiere reducir el IGV a 14% y duplicar el impuesto de promoción municipal. Esta norma, primero, es inconstitucional porque la planteó el Congreso que no tiene atribuciones sobre gasto público. Esto debería ser llevado al Tribunal Constitucional. El argumento del MEF es que esta medida no tiene impacto fiscal y eso no es cierto. La reducción del IGV de 2% significa más de 15 mil millones de soles. Y, el problema en Foncomún, que es a donde se están trasladando los recursos, no es por falta de recursos, porque el año pasado han devuelto más del 50% de estos, que han sido incapaces de ejecutar en los municipios. El problema es una deficiente gestión y corrupción en el manejo de los fondos asignados.
Entonces, ¿a quién beneficiaría esta ley?
A un gasto populista en los municipios, donde vamos a tener municipios que van a contratar asesores, van a construir palacios municipales, piscinas y coliseos, pero no se va a ver reflejado en bienestar, en una buena calidad de vida, atención hospitalaria y educación para la zona. Por otro lado, esta ley es totalmente inconstitucional y es populismo electoral porque el gobierno ha indicado que va a aceptar la propuesta del Congreso. Pero sin duda, para implementar estas medidas, Raúl Pérez Reyes ha sido la elección idónea como titular del MEF. Recordemos que cuando estuvo en el Ministerio de Transportes, ordenó al procurador para que plantee la denuncia por la exclusividad del puerto de Chancay, cuando el accidente de Corpac indicó que simplemente era un hecho fortuito en un aeropuerto internacional y en las vías de acceso. Entonces, el señor Pérez Reyes es la persona idónea, muy bien elegida, para hacer este tipo de medidas populistas. Otra medida que ha tomado el MEF es que había una regla fiscal para el tope, para evitar que se incumpla el déficit fiscal, que lo venimos incumpliendo por tercer año. Sin embargo, lo que se ha hecho es elevar la meta. De esa manera, corremos el riesgo que incluso seamos objetados por los bancos de inversión y nuestra calificación de riesgo país descienda. Pudiendo perder la calificación que tenemos como país. Ósea, en otras palabras, reducir el IGV, flexibilizar la regla fiscal sin una planificación rigurosa, es hipotecar el futuro. La caída en esa recaudación tributaria y el incremento desordenado en el gasto fiscal y en el gasto municipal, van a dejar una carga pesada para los próximos gobiernos y un deterioro mayor.
¿Qué otras consecuencias pueden tener estas medidas populistas?
Esto evidentemente no va a ser bien recibido por los bancos de inversión y nos puede bajar la calificación crediticia como país. Esto tiene una serie de implicancias. Justamente han cambiado al ministro José Salardi para poner a este nuevo ministro, porque es la persona idónea, para hacer todos estos cambios populistas. Eso es lo que me preocupa, el populismo en esta recta final. Van a vaciar la CTS, hay más de 3’800,000 personas que no tienen nada en CTS. Se viene un octavo retiro de las AFP’s, fuera el deterioro que ya han recibido. Entonces, son medidas totalmente desordenadas, populistas, que evidentemente no va a haber quién contenga al monstruo. Este es un gobierno que está totalmente maniatado.
Cambiando de tema, ¿qué impacto positivo tendrá la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez?
Bienvenido que haya sido inaugurado, pero es un aeropuerto que se está inaugurando 25 años después. O sea, es un proyecto que fue hecho en el año 2000, en el gobierno de Valentín Paniagua. Hay varios problemas, y este aeropuerto para mí ha resultado limitado porque tiene capacidad para 34 millones de pasajeros. El año pasado ya llegamos a 24 millones de pasajeros, ósea 25 años después esto ha quedado desfasado, para la nueva capacidad resulta insuficiente, tendría que ser ampliado. Algunos sugieren integrar el aeropuerto antiguo con el nuevo y hacer un mega aeropuerto. Ahora, tengo dos observaciones: la primera es la tarifa de tránsito. Es importante aclarar si está o no está fijada en el contrato original. Tengo entendido que no está fijada, no es un acuerdo en el contrato original. En alguna de las adendas ha sido aceptado, a cambio de que la Contraloría debía averiguar a cambio de que se aceptó fijar una tarifa de tránsito. Esto nos va a afectar en un país como Perú, donde está disperso geográficamente y la única forma de poder comunicarse es por vía aérea. Entonces, un pasajero que venga de Piura para ir al Cusco, tiene que pagar una tarifa de tránsito. Igual para el resto de países, con lo cual estaríamos muy lejos de ser después el HUB latinoamericano. Entonces, este es un aspecto que tiene que ser revisado y por otro lado, la ampliación del contrato.
