La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, el texto sustitutorio del dictamen que permite el financiamiento privado a los partidos políticos.
Con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, se dio luz verde a la propuesta legislativa que reúne los proyectos de ley 3153, 4424, 4597, y otros, que propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas.
«Las organizaciones políticas pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la financiación privada, mediante: a) Las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural y persona jurídica nacional, incluido el uso de inmuebles, a título gratuito, no superen en un año calendario el equivalente a 200 unidades impositivas tributarias por aportante», se lee en el texto sustitutorio.
A través de su cuenta de X, el Congreso informó que se aprobó restituir el financiamiento privado «de personas jurídicas y dicta disposiciones para el empleo del financiamiento público».
Como se sabe, actualmente solo las personas naturales y personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro puedan realizar donaciones a las organizaciones políticas. Hasta el 2018, las empresas podían aportar a las campañas electorales en el Perú, pero esto se modificó con el destape el caso Lava Jato.
Esta norma también permite que los partidos usen los fondos del financiamiento público para la defensa legal de los directivos de estas agrupaciones políticas.
Sin embargo, el texto final aprobado incluye una restricción para que todo el dinero que se emplee para financiar el patrocinio y asesoría legal de los directivos, representantes y voceros de partidos políticos se vea obligado a ser devuelto en caso reciban una sentencia firme o ejecutoriada.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi Capurro (FP) indicó que esta norma forma parte del paquete electoral que se requeriría para llevar a cabo las próximas elecciones del año 2026.
«Medidas que contribuirán a reforzar la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que los recursos privados no se conviertan en instrumentos de corrupción o clientelismo político», expresó Rospigliosi luego de indicar que esta norma también requiere de mecanismos de transparencia.
